“Nos sentimos orgullosos de los incas pero no tanto de los indios”

La República

28 de febrero de 2010

¿La época colonial fue buena o mala? ¿Cuánto apoyo popular tuvo la causa de la Independencia? ¿Qué debemos rescatar de Alfonso Ugarte? Las respuestas correctas no son, probablemente, las que nos enseñaron en la escuela. El historiador Joseph Dager remueve este tema en un libro de reciente publicación que está despertando inusitado interés en medios académicos: “Historiografía y Nación en el Perú del siglo XIX” (PUCP, 2009). Según el autor, hay un conjunto de mitos y falacias que hoy es necesario revisar.  Hay, advierte, historias que no provoca escuchar, que no generan orgullo, pero que es necesario volver sobre ellas porque solo es posible la reconciliación a partir de un pasado veraz.    

Por Elizabeth Cavero

El Perú nace como nación en 1821 y sin embargo hoy entendemos que la “historia del Perú” comienza antes de los incas. ¿Cómo se explica?

–Quizá podemos partir diciendo que el siglo XIX es un momento en el que la burguesía asciende al poder y construye un nuevo modelo político, el Estado-Nación. Este es un fenómeno mundial, que empieza en los Estados Unidos, en Europa y en Hispanoamérica. Lo que este modelo pretende, en primer lugar, es que los habitantes del Estado-Nación se reconozcan como miembros de una misma comunidad, con una misma cultura y sobre todo con un mismo pasado. Y, mientras más antigua era la nación, más legítima y con mayor derecho a autogobernarse.

–Entonces mientras los franceses buscaban sus raíces en los galos, los ingleses en los sajones, los alemanes en los germanos... los peruanos buscaban sus raíces en los incas.

–Sí, aunque no hay que olvidar que ya Garcilaso de la Vega y Guamán Poma (cronistas del siglo XVI) hablaban de los incas. La diferencia es que en el siglo XIX los que historian la antigua grandeza de los incas eran “criollos” o sus descendientes. Ellos “peruanizan” a los incas. Y tuvieron tanto éxito, que hoy seguimos considerando a los incas como peruanos.

–¿Esta construcción de nuestra historia nacional comienza en 1821?

–O bien a partir de 1824, con la derrota de las tropas realistas. Entonces, lo primero que se hace es crear símbolos distintivos: bandera, escudo e himno. Estos incorporan elementos andinos –como la quina y la vicuña– con los cuales las mayorías indígenas pudieran identificarse. De la misma forma, se necesitaba una historia común, una historia nacional. Esos historiadores no se inventaron una historia, la “confeccionaron” con insumos que estaban ahí y con su propia creatividad. La historiografía peruana fue una confección porque el elemento “creativo” y la historicidad del momento subrayaron o descuidaron un sinnúmero de aspectos, pero ello no debe asociarse con lo conscientemente “fraguado”.

–¿Por qué interesaba a la burguesía construir la nación?

–Para gobernar mejor. No se trataba de una nación democrática, ni igualitaria. Era una nación como se definía en el siglo XIX, en la cual el Estado contribuye a crear a los connacionales. La élite confecciona eso que llamamos “peruano” y trata de difundirlo. Lo que yo confirmo al analizar la obra de los historiadores del siglo XIX –como lo han hecho otros historiadores estudiando el pensamiento, las fortunas o las modas de la burguesía– es que sí existieron proyectos nacionales, sí hubo una experiencia burguesa. Digo esto porque durante mucho tiempo se ha repetido que el Perú no tuvo clase dirigente, sino clase dominante; que no hubo burguesía, sino oligarquía; y que esa élite no fue capaz de crear un proyecto nacional ni de ofrecer una imagen de conjunto del pasado peruano.

–¿Esa crítica abarca a los historiadores del siglo XIX?

–Sí. Alberto Flores Galindo sostenía que la historiografía (la producción histórica) nace en el siglo XX. Yo sostengo que ya desde antes, con Mariano Mendiburu, Mariano Felipe Paz-Soldán, Sebastián Lorente o Carlos Wiesse (historiadores del siglo XIX) el Perú estaba en la agenda ideológica. Si no había la intención de crear una nación, para qué crear una historia nacional.

–Entonces, ¿cuáles son los mayores aportes de los historiadores del siglo XIX a la nación?

–El mayor aporte de los historiadores del siglo XIX es haber integrado a los incas al Perú. El segundo gran aporte es haber ofrecido una comprensión general del pasado peruano y del Perú: país de antigua grandeza, tiene la esperanza de ser un país de futura grandeza. Lo que no comprendieron, ni los historiadores ni los políticos del siglo XIX, fue que el Perú es un país mestizo y diverso. Para ellos la diversidad fue un obstáculo y por eso trataron de homogeneizar culturalmente y de imponer su modelo de progreso. 

Lugares comunes

–Existen lugares comunes en las críticas sobre el siglo XIX. Uno de ellos se refiere al despilfarro de la riqueza guanera. Sin embargo, usted nos dice que este dinero se usó también para financiar investigaciones históricas. 

–Sí. Los historiadores debemos hacer un mea culpa porque hemos sido muy severos con el siglo XIX, hemos tratado de encontrar en el siglo XIX el origen de casi todos nuestros males, y nos hemos conformado con echarle la culpa: el siglo de la anarquía militar, del guano que se despilfarró y de la derrota con Chile. Pero perdemos de vista que, junto con eso, en el siglo XIX pudimos construir un Estado. Entonces, por ejemplo, siempre repetimos que más del 50% del dinero del guano se usó en pagar sueldos de empleados públicos.  ¡Pero claro! ¡Si había que construir un Estado! Se usó para pagar maestros, jueces, prefectos que antes no existían. Con el dinero del guano se fomentó también la actividad intelectual, la producción de obras históricas. Ojalá el Estado de hoy lo hiciera.

–Estos historiadores del siglo XIX, sin embargo, tuvieron que enfrentar pronto el dilema de admirar a los incas, sintiendo a la vez desprecio por sus descendientes, los indígenas.

–En 1992, la historiadora Cecilia Méndez publicó un magnífico artículo titulado “Incas sí, indios no”. Ella afirma que es una característica del nacionalismo peruano del siglo XIX y del siglo XX decir yo siento orgullo por los incas, pero no tengo nada que ver con los indios. Méndez lo atribuye a que en el siglo XIX existió un nacionalismo criollo que no veía en ello una contradicción y que excluyó a la población andina.

–¿Coincide con ella?

–Coincido en mucho. Pero creo también que precisamente la admiración hacia los incas impidió que la población andina fuese excluida del proyecto nacional. Los historiadores del siglo XIX dijeron: estos indios, descendientes degenerados de los incas, tienen una historia que demuestra lo que podrían llegar a ser si nosotros los regeneramos, los educamos. Gracias a esto, los indios fueron incorporados a la nación, aunque en un lugar secundario como grupos subalternos.

–No era posible mandar a los indígenas a vivir en reducciones.

–No, aquí la población indígena era tan numerosa y tan presente en todo el territorio que no se le podía confinar, como se hizo en Chile o EEUU. Entonces, se pensó en traer migrantes europeos para “mejorar la raza”. Pero, ¡cuántos hubieran tenido que venir! Luego se opta por imponer a aquella población un modelo cultural, burgués y occidental, para homogeneizar. Por supuesto, más inteligente hubiera sido que la élite, la minoría, aprendiera quechua como idioma oficial. Pero eso lo decimos hoy, 200 años después.

–Durante el siglo XIX tuvimos dos enemigos: España y Chile. ¿Cómo se entiende que tengamos hacia esos dos países sentimientos tan diferentes?

–Es que son dos historias diferentes. A España le ganamos dos veces, en 1824 y 1866. Además, la herencia cultural es evidente y por la necesidad de una continuidad histórica, dada la admiración por el pasado incaico, no pudimos negar el estudio del pasado colonial y encontrar en ese periodo personajes admirables y, qué duda cabe, fuimos un Virreinato muy importante. En cambio, Chile nos venció y nos duele porque siempre entendimos su pasado como inferior al nuestro. Nos duele doblemente porque nos ocuparon por varios años. Nos duele triplemente porque no solo se llevaron trofeos de guerra, se llevaron también libros, pinturas, estatuas… Y, además, Chile aún niega que haya materias pendientes, y no es poco frecuente que algunos de sus políticos exhiban hacia el Perú eso que José Rodríguez Elizondo, intelectual y ex diplomático chileno, ha llamado con magnífica expresión una “soberbia extravagante”.

–Otro lugar común: ¿la Independencia fue una gesta nacional?

–No, hoy sabemos que la independencia no fue una gesta “popular”, fue un movimiento de la élite. Los historiadores del siglo XIX no lo comprendieron porque al estudiarla recurrieron a ciertos documentos, proclamas, que les hicieron pensar que la Independencia fue apoyada por las masas. Hoy sabemos que los indígenas, negros, mulatos, mestizos participaron, pero sin tener necesariamente conciencia de lo que estaba en juego.

Herencia que pesa

–¿Qué conservamos del siglo XIX?

–Yo creo que una de las malas herencias del siglo XIX es la comprensión de la guerra con Chile. Los historiadores peruanos del siglo XIX comprendieron bien los abusos y supieron denunciarlos. La obra de Paz-Soldán, escrita casi en los mismos años de la guerra, es de una precisión documental y solidez impresionantes. Pero le faltó explicar mejor cuál era la situación previa en el Perú, que favoreció los abusos de los chilenos. Esto es algo que agrega Basadre.

–Otro tema pendiente es la inclusión de la población indígena a la nación.

–Sí, yo creo que esa debe ser la discusión. Porque hoy sigue presente el racismo, una herencia de los historiadores y políticos del siglo XIX. En buena cuenta seguimos sintiéndonos orgullosos de los incas y no tan orgullosos de los indios. Y a diferencia de otros países, en el Perú eso implica una especie de esquizofrenia: admiro y rechazo a la misma persona, a nosotros mismos. 

–¿Qué debemos hacer?

–No imponer un único modelo de desarrollo, ni dejar que una minoría –económica o étnica– nos imponga el suyo. Respetar la diversidad cultural, no concebirla como algo inferior y tratar de pensar el Perú con modelos multiculturales. Afortunadamente, el Perú hoy no es el mismo de hace 50 años. Claro, hoy existe Asia (el balneario), unos cuantos que no dejan entrar a sus playas a mucha gente. Pero ellos no son el Perú. Más representativo del Perú es, por ejemplo, el Grupo 5. 

El ejemplo de Alfonso Ugarte

–¿Y seguimos necesitando héroes nacionales?

–Por supuesto. Como toda nación, seguimos necesitando héroes nacionales. Pero debemos repensar nuestra historia. Por ejemplo, hoy admiramos a Alfonso Ugarte “solo” porque no dejó caer la bandera peruana en manos de los chilenos. Tal vez fue cierto, pero en todo caso Alfonso Ugarte fue héroe por varias otras razones: tenía dinero y pudo irse, pero se quedó a luchar. Además, usó su fortuna para armar batallones. La historia del sacrificio fue publicada días después de ocurrido en el diario La Patria, pero los historiadores del siglo XIX no la incorporan. Los que sí lo hacen son los historiadores del siglo XX. 

–Sincerar nuestra historia sería una meta interesante para el bicentenario.

–Ciertamente. Tenemos que preguntarnos sobre qué Perú vamos a seguir enseñando en las escuelas. Hoy ya no es una necesidad, como lo fue para los historiadores del siglo XIX, “olvidar” hechos incómodos del pasado en favor de la unión nacional. Ahora nos toca asumir nuestras verdades históricas, incluso las recientes, las que causan orgullo y las que preferiríamos no escuchar. Solo así podremos reconciliarnos y difundir un pasado veraz, al interior de una educación masiva de calidad. Es una deuda que aún tenemos.

Perfil

• Nombre: Joseph Dager Alva
• Edad: 39 años
• Lugar de nacimiento: Lima, Perú
• Estudios: Licenciado en Historia por la PUCP (1996), Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2008)
• Familia: casado con 2 hijos
• Cargo actual: Profesor del Departamento de Humanidades y de la Maestría en Historia de la PUCP. 
• Otras publicaciones: Hipólito Unanue o el cambio en la continuidad (2000), Vida y obra de José Toribio Polo (2000), Conde de Superunda (1995); El Virrey Amat y su tiempo (codirector, 2004).

El ‘hallazgo’ de un farsante

Machu Picchu | Polémica. 

La ‘noticia’ circuló meses atrás y algunos le dieron crédito: un alemán de nombre Augusto Berns había llegado a Machu Picchu mucho antes que Hiram Bingham. Imposible. La verdad es otra y aquí se la contamos.  

Por: Daniel Buck

La República

31 de agosto de 2008

Algunas historias sugieren que Augusto Berns, un aventurero ingeniero alemán que vivió en el Perú por periodos durante la segunda mitad del siglo XIX, había saqueado Machu Picchu. Un reciente informe, reproducido en un prestigioso diario peruano, afirma que "Berns se había cargado en peso la mayoría de los vestigios arqueológicos de Machu Picchu".  Este informe responde a las especulaciones de Paolo Greer, un investigador y explorador de Alaska que visita mucho el Perú.
Dos son los problemas con los anuncios de Greer.

Primero, no hay evidencia que respalde la tesis de que Berns conocía la existencia de Machu Picchu. Segundo, aún si hubiera visitado Machu Picchu al final de 1880, muchos otros lo precedieron.  En todo caso, ya que no dejó pruebas, no reveló detalles ni hizo anuncios sobre tal visita, Berns no descubrió nada.

Los logros de Hiram Bingham fueron diferentes.  A lo largo de las tres expediciones realizadas entre 1911 y 1915, excavó, fotografió, estudió y dio a conocer al mundo Machu Picchu.  No existe duda posible de que Bingham es el descubridor científico del lugar, un honor otorgado por José Gabriel Cosío, un académico del Cusco y delegado oficial de la segunda expedición de Bingham.

También es cierto que otros conocieron las ruinas antes que Bingham. Se podría decir que Machu Picchu nunca estuvo realmente perdido. Fue periódicamente conocido e ignorado, visitado, soslayado, habitado, cuidado e incluso comprado y vendido, desde el siglo XVI hasta que llegó Bingham.  Prueba de ello es que al momento de la expedición de Bingham, las ruinas eran parte de la hacienda Sillique, propiedad de la familia Nadal.

En "Urubamba: Benemérita Ciudad y Provincia Arqueológica del Perú" (2007), Leandro Zans Candia resume citas coloniales y republicanas sobre Machu Picchu, compiladas por diversos historiadores peruanos. Pero la importancia del sitio arqueológico fue largamente ignorada y su belleza no apreciada. Cosío escribe en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima en 1912: "No es verdad que el doctor Bingham haya sido el descubridor de los restos; él les ha dado la vida de la fama y del interés arqueológico" .

Bingham fue, sobre todo, un explorador decidido. Registró los archivos, entrevistó a académicos, coleccionó mapas y habló con pobladores locales. Él ya sabía de Machu Picchu antes de dirigirse al valle de Urubamba.  Sí, es verdad que no siempre fue generoso en reconocer el aporte de quienes lo asistieron. Como muchos exploradores, Bingham tenía un gran ego, un deseo por la fama y una buena dosis de ambición.

UN MENTIROSO CONGÉNITO

Entonces, ¿quién es Augusto R. Berns y qué tiene que ver con Machu Picchu? Todo lo dicho sobre Berns tiene que ser antecedido por la palabra "aparentemente" porque era un mentiroso congénito, un Baron Munchausen, un fantasioso con un grado de ingeniero a su favor que es lo mismo que decir, "aparentemente con un grado de ingeniero".  Dijo haber nacido en Alemania en 1842 y haber venido al Perú en 1860, también que trabajó con la Southern Peruvian Railway y luego para los militares peruanos.  

A principios del año 1880 dijo haber estado fuera del Perú, específicamente en los Estados Unidos.
En 1881, viviendo en Michigan, organizó las primeras dos empresas que deberían ser llamadas más apropiadamente "estafas",  "The Torontoy or Cercada-de-San Antonio Estate in Southern Peru" y "Huacas del Perú". Berns les mandó a inversionistas potenciales una carta, un mapa y proyectos, asegurando que su propiedad en el Valle Urubamba (frente al río del aún no descubierto Machu Picchu, en ese momento), estaba ubicada sobre un área que, de ser explotada, llegaría a ser "universalmente reconocida como la productora más grande de oro y plata ubicada en el centro del mundo".  

Declaró que había oro por todo Torontoy diseminado en la tierra y la arena y en las venas de las rocas y la arcilla. Dijo también que había "un aparato antiguo de lavado de oro", cortado de rocas sólidas, llamado "Llamajcansha," que en la antigua lengua india significa "patio dorado". Es poco probable que sus lectores en Estados Unidos hablaran quechua, de lo contrario, hubieran supuesto o sabido que Llamajcansha significaba "patio o espacio de llamas". Berns estaba vendiendo una carga de excrementos de llama.

Asimismo, cerca de Llamajcansha, Berns insinuó la existencia de un túnel que "tenía razones para creer" era usado como tumba para acoger cuerpos embalsamados de incas con sus respectivos ornamentos. En su mapa, marcó el túnel "Huacas del Inca."  

En una carta a inversionistas escrita desde Detroit, Michigan, Berns dijo que nada menos de "5 millones de dólares en efectivo puede ser adecuado" para desarrollar Torontoy. En moneda actual equivale a más de 100 millones de dólares.  No se conoce qué pasó con su  estafa, si se mantuvo así o si aumentó en cifras.

A LO INDIANA JONES

En algún momento volvió al Perú y en 1887 organizó una compañía llamada "Huacas del Inca". El proyecto de 48 páginas de la compañía es charlatanería al estilo Indiana Jones ya que sugiere la existencia de tesoros inimaginables esperando ser descubiertos: "Las riquísimas y valiosísimas obras de arte" que "adornaban los templos y edificios públicos y reales de la metrópoli del imperio Incaico".

Berns anunciaba que enviarían expediciones para buscar estos tesoros de los incas, aquella porción de fortuna de Atahualpa que se libró de los españoles. Además informó a sus inversionistas que la "mitad por lo menos fue llevada consigo por los indios, según lo consigna la historia, a las montañas inmediatas al Cusco, o sea las de Paucartambo, Lares y Santa Ana".

No se sabe qué pasó con "Huacas del Inca", pero en 1888 su vicepresidente renunció públicamente su puesto, acusando a Berns de haber malversado fondos para su uso personal y por no haber lanzado ninguna expedición. En ninguno de los materiales publicados acerca de Augusto R. Berns se encuentra evidencia de que haya conocido, visitado o intente aprovecharse de Machu Picchu.   

En una reciente columna del blog histórico científico Archaeorama, blogs.discovery.com, incluso Paolo Greer admite que no hay real evidencia de que Augusto Berns haya pisado las montañas de Machu Picchu. La verdad es que Greer es uno más en la larga cola de visitantes y "descubridores" de la ciudadela inca.

Remember Crystal City

La República

Memoria | Peruanos. 

Dom, 24/08/2008 

Entre 1942 y 1945 cientos de familias de origen japonés que vivían en Perú fueron deportadas como resultado de un acuerdo entre el gobierno peruano y los EEUU. Todos fueron confinados en un campo de concentración de Texas. Ahora reclaman una indemnización por el oprobio que vivieron. 

Por: Daniel Goya

Augusto Kague Castillo contaba con solo once años el día que la policía detuvo a su padre. Vivían en Jauja, Junín, donde su familia era dueña de un restaurante. Una mañana el pequeño Augusto salió a comprar arroz por encargo de Mantaro Kague, su padre, y no volvió a verlo más. Durante tres meses no tuvieron noticias de él. Sus seres queridos pensaban lo peor, hasta que llegó una carta. En el manuscrito el desaparecido Kague relataba que había sido desterrado y encerrado en una prisión en Estados Unidos. "La carta estaba llena de manchas que no nos permitía leer algunas palabras y hasta oraciones completas.

Estaba censurada", relató Augusto Kague Castillo, nacido el 6 de setiembre de 1930: "Nosotros contestamos sus cartas a mi padre y durante dos años estuvimos recibiendo sus respuestas censuradas. Mientras duró su ausencia el negocio de mi padre se fue a la quiebra. No había quien lo administrara y pronto empezamos a vivir en la miseria. Nos lanzaron de la casa que alquilábamos porque no pudimos pagar y comenzamos a vagar como gitanos en casas de amigos y familiares". La de Augusto Kague fue una de las casi mil familias que el gobierno de Manuel Prado Ugarteche entregó a su par de los Estados Unidos después del bombardeo japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941.

Todos fueron recluídos en el campo de concentración de la localidad de Crystal City, en el ardiente desierto del estado de Texas. Los peruanos eran parte de una población de 2 mil 200 japoneses y nikeis deportados por 13 países latinoamericanos aliados de Norteamérica. La situación de las familias cuyos padres o madres fueron detenidos y enviados forzosamente a los centros de internamiento norteamericanos, por el solo hecho de haber nacido en Japón o ser hijos de japoneses, se tornó desesperante y la comunidad en el Perú tuvo que buscar salidas para el reencuentro entre padres e hijos.

DEL SUEÑO A LA PESADILLA

En el caso de los Kague hubo algo de suerte. La esposa de Enrique Kague, Micaela, se encontró con una amiga cuyo marido también estaba en Crystal City. Le dijo que su consorte la estaba llamando a unirse con él en el campo de concentración, pero ella no quería por sus hijos. La amiga le ofreció a Micaela Kague viajar en su lugar y eso fue lo que hizo. Al poco tiempo partió a Texas desde el puerto de Talara.

"Fue un viaje de veinte días", recordó Augusto Kague Castillo, cuya familia materna residía en Piura: "Los hombres viajaban en la parte de abajo del barco y las mujeres y los niños en la cubierta. Cada semana se les dejaba subir durante 15 o 20 minutos a los hombres para que caminen y fumen un poco. Algunos se ponían hasta tres cigarrillos en la boca al mismo tiempo y fumaban. Cuando llegamos a Nueva Órleans, los oficiales estadounidenses nos pidieron que nos quitáramos las ropas. Creímos que nos iban a matar ahí mismo. Pero nos rociaron con insecticidas y detergentes. Nos recibieron como si fuéramos animales infectados con algo".

Antes de la deportación masiva, el sentimiento antijaponés en el Perú era visible en distintos estratos. El presidente Prado no ocultaba su antipatía por los hijos del país del Sol Naciente y el Partido Aprista, por intermedio de su vocero oficial "La Tribuna", soltaba rumores sobre supuestos complots de los japoneses residentes para apoderarse del país. El 13 de mayo de 1940, dos años antes del inicio de las deportaciones, una turba compuesta por alumnos del colegio Guadalupe desembocó en la destrucción de 600 comercios de propietarios nipones y mató a diez ciudadanos del mismo origen. En una visita oficial que Prado hizo a Washington en mayo de 1942, sostuvo una reunión con el presidente Franklin D. Roosevelt y el general George C. Marshall, en la que le pidieron su colaboración para la deportación de un total de 17 mil 500 japoneses, sin diferenciar a los que habían nacido en el Perú o tenían la nacionalidad. Roosevelt y Marshall los consideraban enemigos potencialmente peligrosos. Prado aceptó y no tardó demasiado en satisfacer a sus anfitriones.

El mismo día del ataque a Pearl Harbor, Germán Yaki Hishii tenía tan solo 10 años y paseaba junto a su papá Sentei y su mamá Ichi por las avenidas de Lima. De un momento a otro se dieron cuenta de que algo extraño sucedía. La gente los miraba con extrañeza. Era una coincidencia que cuadra tras cuadra las personas volteaban a verlos, algunos con recelo y otros asustados. Cuando llegaron a casa escucharon por radio que Japón había atacado Pearl Harbor.

Un par de meses después, Germán Yaki jugaba en la calle cuando vio pasar un camión con muchos japoneses en su interior. Uno de ellos le arrojó un papel enrollado. Yaki lo abrió. Estaba escrito en japonés. Se lo llevó a su papá, Sentei Yaki, quien reconoció que era un mensaje de despedida de uno de los arrestados que no había podido hablar con su familia. Sentei cumplió con llevar el manuscrito a los seres queridos del deportado. Desde ese día Yaki dormía a sobresaltos creyendo que unos días le tocaría a su padre y se lo llevarían.

Pasaron unos pocos años hasta que la pesadilla se cumplió. Los uniformados fueron a buscar a su padre en su propia casa, el 12 de enero de 1943. Se lo llevaron sin explicaciones aunque Sentei Yaki ya suponía lo que le esperaba. La esposa le llevó algo de ropa a Sentei en el centro de detención y no lo volvió a ver. Seis meses después de angustia e incertidumbre, Germán y su madre recibieron una carta en la que se les concedía permiso para ir a vivir al campo de concentración de Crystal City. Los Yaki eran parte de los 17 mil 500 japoneses que el presidente Roosevelt y su amigo Prado querían mantener detenidos a toda costa. La lista negra la hicieron ambos.

La versión definitiva salió el 13 de setiembre de 1944 bajo el título: "La lista proclamada de ciertos nacionales bloqueados". En el caso de Roosevelt, quería más presos de origen japoneses para canjearlos por prisioneros estadounidenses. En la letra "H’ aparece: "Higashide, S. (de) Ica". Se trataba de Seiichi Higashide (1909-1997), natural de de Hokkaido, Japón, quien en 1931 emigró a Perú.

GENTE SIN PATRIA

Residió en Ica, constituyó un comercio y se convirtió en líder de su comunidad, hasta que lo secuestraron y deportaron a Crystal City, donde estuvo encerrado dos años. Al salir en libertad, prefirió quedarse en Estados Unidos para exigir al gobierno una reparación a quienes como él sufrieron violaciones de sus derechos humanos. Incluso en 1981 ofreció su testimonio ante el Congreso norteamericano.

Higashide, con ayuda de sus hijos, escribió "Adios to Tears: The Memoirs of a Japanese-Peruvian Internee in U.S. Concentration Camp" (Adiós a las lágrimas: Las memorias de japonés-peruano internado en un campo de concentración de los Estados Unidos), un relato revelador de un episodio de la historia que se conoce y virtualmente se mantiene en la oscuridad. Higashide murió en 1997 sin ser recompensado como se merecía por el gobierno estadounidense.

Los Yaki también estaban en la lista negra de Roosevelt y Prado, cuyos apellidos hoy adornan las principales calles de Lima. La vida en Crystal City estaba privada de libertad. Un alambrado rodeaba la zona y cortaba toda posibilidad de fugar. "Cada hora aparecían vaqueros con rifles y caballos que patrullaban el área para evitar los escapes", recordó Germán Yaki con memoria fotográfica. "Todas las casas eran prefabricadas de madera. Se trataba de pequeñas construcciones donde vivían los extranjeros detenidos. Aparte de nosotros había alemanes.

Los baños eran públicos y cada familia debía turnarse el uso de los servicios. En el extremo sur de Crystal City había un hospital y al noroeste un campo de béisbol. Al este se encontraban las casas prefabricadas. Al sureste se ubicaba el jardín de niños donde se enseñaba a hablar en inglés", describió Yaki: "Los recluidos trabajaban en el mantenimiento del campo de concentración. Todos ganaban lo mismo: 10 centavos de dólar la hora. Esto daba como resultado una ganancia de menos de un dólar al día".

Germán Yaki señaló que en Crystal City había un solo tipo de moneda. Era con la única que los detenidos podían usar. Algunas de las monedas llevaban inscritas qué se podía comprar, para que los reclusos no intentaran adquirir algo que estuviera prohibido por los celadores estadounidenses. "No podíamos elegir nada", dijo con cierta tristeza Germán Yaki.

Una mañana sonó la alarma contra incendios. Los recluidos pensaron que se estaba quemando una casa, pero pronto entendieron qué sucedía. En inglés y japonés informaron por los parlantes que Japón se había rendido y que había perdido la guerra. Era el dos de setiembre de 1945. Algunos recibieron la noticia con alivio pensando en la pronta libertad. Otros se negaron a creer que Japón había sido derrotado y calificaron la noticia como una mentira norteamericana.

SIN PUEBLO Y SIN CASA

De acuerdo con la organización no gubernamental norteamericana Nikkei for Civil Rights & Redress (Nikeis por Derechos Civiles y Reparación –entre cuyos fundadores se encontraba Seiichi Higashide–, de los 2,264 presos en los campos de concentración, una vez finalizada la guerra 945 japoneses-peruanos fueron deportados al destruido Japón, otros 300 se quedaron en Estados Unidos en condición de ilegales y lucharon por obtener la ciudadanía y alrededor de 100 regresaron a Perú. Miyotaro Shima, secuestrado junto a su esposa Hisae y sus hijos Tamotsu y Kuniko, fue canjeado por prisioneros norteamericanos y enviado al Japón. Shima era comerciante y vivía en Trujillo. Cuando lo deportaron, contaba con 51 años.

Entre los que se quedaron en Norteamérica se encuentra Art Shibayama, uno de los líderes del movimiento que busca un reconocimiento de derechos y una reivindicación justa. Cuando vivió en Perú se llamaba Isamu Carlos Arturo Shibayama y ahora en Chicago es simplemente Art Shibayama. "Nací en Lima. Mis padres eran importadores de telas y confeccionaban ropa que distribuían en las tiendas.

Mi abuela materna fue la primera secuestrada y deportada e intercambiada por otro prisionero norteamericano", relató a las autoridades norteamericanas al sustentar su demanda ante los tribunales: "Partimos del puerto del Callao en un barco de guerra norteamericano y nos llevaron hasta Cuba, donde nos quitaron los pasaportes. Yo sólo tenía 13 años y mi hermana 11. A mí me ubicaron con los hombres. No nos dejaron hablar con nuestros familiares mientras duró el viaje de 21 días hasta Nueva Órleans. Nos subieron en un tren hacia Crystal City. Mi hermana creyó que en el trayecto nos iban a matar".

"Después de dos años y medio, mi padre resolvió retornar a Perú pero no querían que volviéramos. Entonces mi padre aceptó que viviéramos bajo libertad condicional en las granjas de Seabrook, Nueva Jersey", dijo Shibayama. Allí los explotaban peor que en el campo de reclusión, hasta que tras años de espera lograron la residencia. Art Shibayama ahora es un líder reconocido por los japoneses latinoamericanos que durante más de cincuenta años exigen una indemnización. En 2002, recibió el Premio al Espíritu Combatiente, entregado por la organización Nikeis por los Derechos Civiles y Reparación (NCRR, por sus siglas en inglés). A pesar de que entre 1952 y 1964 Shibayama se incorporó al ejército estadounidense, recién en 1970 obtuvo la ciudadanía.

Tuvo suerte porque muchos fueron canjeados por prisioneros estadounidenses y llevados al devastado Japón. Según la misma fuente, Nikkei for Civil Rights & Redress, 68 bebés nacieron en el cautiverio de Crystal City. Entre ellos se encontraba Luis Kitsutani Ogata. Su madre, Margarita, estaba embarazada cuando se anunció que el encierro se había terminado, pero ella y su padre, Kosuke, prefirieron quedarse hasta que diera a luz mientras las demás familias salían del centro de reclusión.

"Yo nací en el campo de concentración. Como no llevaron a mi mamá a un hospital, de eso se vale el gobierno de Estados Unidos para negarme una compensación justa como la que recibieron otras personas que estuvieron allí", dijo Luis Kitsutani.

El nació el 12 de enero de 1942.Los ex prisioneros que se quedaron en Estados Unidos organizaron un movimiento llamado "Campaña por la Justicia", que busca una compensación de US$ 20 mil por individuo como lo obtuvieron los japoneses norteamericanos que también fueron encerrados en centros de internamiento. A los latinoamericanos el gobierno estadounidense solo les ofreció US$ 5 mil.

"Nosotros reclamamos que se nos repare de la misma forma que a los otros, pero no hemos tenido éxito. No hubo solidaridad y la mayoría de los que regresaron aceptaron ese dinero", explicó Germán Yaki: "Seguimos litigando, pero es difícil porque no tenemos un abogado allá. Ya tengo 77 años y creo que no veré un centavo". Muchas familias que se quedaron allá luego de ser liberadas fueron advertidas que se encontraban en condición de ilegales y por lo tanto serían expulsadas, así que les aconsejó salir del país y regresar de manera legal.

Fue una trampa. "Las familias que siguieron ese consejo fueron engañadas porque al momento de reclamar su indemnización se les dijo que ellos estaban en los Estados Unidos por voluntad propia y que no podían reclamar ninguna compensación", señaló Augusto Kague Castillo.

Mientras que los que se quedaron en Estados Unidos, además de una indemnización, recibieron una carta de disculpa personal del presidente Bill Clinton, en la que reconoce "los errores del pasado y ofrecemos nuestro más profundo pesar a quienes sufrieron graves injusticias", los japoneses-peruanos simplemente fueron olvidados. Ni Yaki, ni Kague, ni Kitsutani ni ninguna otra víctima del funesto acuerdo entre los presidentes Roosevelt y Prado recibieron nada. Los que sufrieron en Crystal City sienten que sus vidas ni siquiera tienen el valor de una de las monedas que circuló en el campo de concentración.

Perú, ocaso de la Oligarquía

Recopilado por Jorge Moreno Mattos

17 de febrero de 2010

Fuente El Reportero de la Historia

Extracto del libro "Los amos de la guerra" de Clara Nieto

Preparando los materiales para la monografía del Taller de Investigación, me topé con este libro de una periodista y diplomática colombiana que, como su título indica, repasa la política intervencionista de los Estados Unidos en América Latina. Aunque es un libro bien escrito y se lee con holgura (ya haré la reseña respectiva), no deja de mostrar notorias deficiencias de fondo. Entre ellas, la de carecer de ideas propias. De él entresaco, como ejemplo de lo dicho, el capítulo referente al Perú, el mismo que constituye una muestra palpable de la habilidad para la síntesis de la que hacen gala muchos autores que publican, luego de haber digerido decenas de libros, obras como ésta (Si al menos tuvieran un ápice del enorme talento de Eduardo Galeano, al que parece que todos quisieran imitar, pero que definitivamente no logran igualar). Lo transcribo para poder discutir las ideas que me sugiere y que expondré en el siguiente post.

Perú, ocaso de la oligarquía
Por Clara Nieto

Perú entra en los años sesenta, bajo el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, en medio de una severa crisis económica y de extrema agitación política y social. El general Manuel Odría tuvo que celebrar elecciones y retirarse, debido a la presión popular.

Prado enfrenta un país en ebullición. Han terminado las dictaduras militares de derecha y el país está en proceso de transformación. El pueblo ha luchado veinte años por la apertura política y la democratización del país. Sectores estudiantiles, populares y de la pequeña burguesía empobrecida se han radicalizado y crece un pujante movimiento popular sindical, estudiantil y campesino en demanda de cambios. Las huelgas, por cuestiones salariales, son constantes y los conflictos de tierra en la sierra se dan en dimensiones sin precedentes. Los más graves ocurren en 1959 y 1960 en Casa Grande y Paramonga, dos grandes ingenios azucareros, en propiedades de la compañía norteamericana Copper Corporation, y en la hacienda Torreblanca. Terminan en combates con la fuerza pública y en baños de sangre. Pero el gobierno ha estado del lado de los propietarios nacionales y empresas extranjeras.

Prado llega al poder con una alianza con Haya de la Torre, jefe máximo del APRA, el partido más importante y de mayor arraigo popular. Esa alianza, que ellos llaman la «convivencia», es de mutuo beneficio. Haya de la Torre quiere su legalización y abrir canales para llegar al poder. El APRA ha oscilado entre la legalidad y la ilegalidad decretada por gobiernos militares y oligárquicos que lo persiguen por temor a su fuerza popular. Es una lucha constante, muchas veces sangrienta.

Prado y el importante sector oligárquico que lo apoya creen necesario tener al APRA de su lado. Haya de la Torre se compromete a abandonar sus posiciones radicales a cambio de programas y medidas del gobierno que aseguren una distribución justa del ingreso y amplíen los beneficios sociales a los sectores populares.

Haya de la Torre, nacionalista, no comunista, de extracción oligárquica, igual llega ad portas del poder que a la cárcel o el exilio. Igual obtiene el triunfo electoral –siempre frustrado por las oligarquías y los militares– o a la derrota con frecuencia fraudulenta. Miembros del APRA rechazan la alianza con Prado y con la oligarquía. Sectores estudiantiles y de la clase media se retiran del partido, crean el APRA Rebelde y luego el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), como grupo armado. Otros sectores se unen a Acción Popular –partido de Fernando Belaúnde Terry– a la Democracia Cristiana, al Movimiento Social Progresista y al Partido Comunista que ha resurgido. El APRA pierde fuerza y Haya de la Torre prestigio. No obstante sigue siendo la mayor fuerza política del país.

Por primera vez las masas campesinas, populares y de barrios marginales entran en la arena política con banderas nacionalistas, antioligárquicas y de reivindicación social. Piden reforma agraria, vivienda, empleo, salarios justos, educación y salud. Son demandas justas que den a sus necesidades y son apoyados por sectores militares, estudiantiles y por la Iglesia.

Sectores oligárquicos también están en proceso de cambio. «La presencia de de las barriadas pobres en la capital son motivo de preocupación para las clases pudientes y para las clases medias. Ven que esa miseria, que contrasta con el lujo limeño, es una amenaza latente. Los planes de asistencia social no son suficientes para cerrar esa brecha». Los grandes diarios, cuyos dueños o directores son de la oligarquía, por primera vez se ocupan de temas sociales y recomiendan cambios.

Medidas del gobierno en favor de la transnacional petrolífera, International Petroleum Company (IPC), norteamericana, y el alza del precio de la gasolina provocan un agitado debate político en la Cámara de Representantes contra la IPC, por la nacionalización del petróleo defensa de la soberanía nacional. Manifestaciones populares y estudiantiles, con banderas antiimperialistas, la piden. Lo mismo hacen militares y de la Iglesia. Éste es el tema crucial de esa década.

En las elecciones presidenciales de 1962 triunfa Raúl Haya de la Torre, candidato del APRA, por catorce mil votos. Belaúnde Terry, su contendiente, la oligarquía y los militares alegan fraude. A la semana- antes de que Prado entregue la presidencia- los militares dan el golpe.

Toma el poder una Junta militar (1962-1963). Anuncia que pondrá orden a la agitación política y social que convulsiona al país y dará solución a los problemas derivados de esa sociedad injusta, pues presión no se acallará el malestar del pueblo. En efecto, la Junta importantes medidas de corte social: expide una ley de reforma agraria, legaliza la toma de tierras por los campesinos, les reconoce el «control de facto» de las tierras que han ocupado, pero exige que sean pagadas. Nunca lo hacen. No obstante, reprime a los campesinos en la sierra para mantener el orden público. En corto tiempo-como lo había prometido- celebra elecciones. Se retira con prestigio. Ha realizado reformas importantes y cumple con su palabra de entregar el poder.

Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) es elegido presidente. Derrota a Haya de la Torre. Belaúnde ofrece medidas reformistas, lleva gente nueva al gobierno y promete dar solución al problema con la IPC en noventa días. La nacionalización del petróleo ha sido uno de los temas centrales de su campaña.

El pueblo ve en Belaúnde una promesa de renovación y de cambio. los primeros noventa días presenta una ley ejecutiva sobre reforma agraria pero el Congreso, dominado por una alianza mayoritaria del APRA y UNO (Unión Nacional Odriísta) la modifica para no afectar intereses de poderosos latifundistas nacionales y extranjeros. Sus propieda-des quedan intactas. La reforma sólo se aplica en zonas de conflicto en la sierra. Campesinos e indígenas esperan que Belaúnde cumpla con su pro-mesa de dar solución a los problemas de tierra. El gobierno envía a la sierra -comisiones de expertos en reforma agraria, cooperativas, préstamos estatales e investigadores sociales con el propósito de atender sus demandas.

La cuestión no se arregla. A mediados de 1963 en todos los departamentos de la sierra -con excepción de Puno- ocurre una ola de tomas violentas de tierras con la consigna «Tierra o Muerte». En éstas parte cerca de trescientos mil campesinos, comuneros, colonos y trabajadores. Son reprimidas con violencia y algunas terminan en baños sangre. El movimiento campesino toma fuerza con el apoyo de estudiantes, de militares en retiro y de abogados que les ayudan a crear organizaciones comunitarias y sindicales.

El gobierno de Belaúnde pierde apoyo y prestigio en amplios sectores. -Tiene al Congreso en contra. Sus medidas reformistas son bloqueadas por la la Alianza del APRA y UNO frustrando las esperanzas del pueblo. Reacciona con violencia cuando ocurre una inesperada devaluación de la moneda en un 44 por ciento -Belaúnde había asegurado que no se haría- y no ha resuelto el problema con IPC como prometía. En la el MIR y el ELN, grupos armados surgidos bajo su gobierno, están atizando el fuego. Belaúnde promete liquidados.

La opinión pública se entera de que Belaúnde ha realizado negociaciones secretas con la IPC y que ha llegado a un acuerdo. Lo hace público. Dice que la IPC entregará pozos a cambio de condonarle una deuda de alrededor de doscientos millones de dólares (otros afirman que seiscientos millones) con el compromiso de ampliar y modernizar instalaciones. Continuaría con el monopolio de la gasolina por un periodo de cuarenta años. El gobierno le otorga en concesión un mi-llón de hectáreas para nuevas exploraciones de petróleo.

Líderes políticos comprueban que tales acuerdos son lesivos de los intereses nacionales y que Belaúnde ha ocultado partes importantes. Acción Popular, su partido, le retira su apoyo, el APRA se lava las manos y el influyente diario El Comercio arremete contra el presidente y le pide al ejército hacerse cargo de la situación.

El gobierno naufraga en una profunda crisis de legitimidad, envuelto en ese escándalo y en otro de contrabando, a gran escala, en el que aparecen implicados congresistas, altos funcionarios y miembros de las fuerzas armadas. Es la corrupción a alto nivel. El engaño de Belaúnde al país y el comportamiento de las mayorías del Congreso que por mezquinas razones políticas han bloqueado importantes reformas sociales y han manejado irresponsablemente los fondos públicos son intolerables para muchos y en especial para los militares. Comparten el clima antioligárquico que se afianza en el país y toman el poder para realizar el cambio. El 3 de octubre de 1968 el general Juan Velasco Alvarado derroca a Belaúnde y lo deporta a Buenos Aires.

La insurgencia de los años sesenta

La situación de Perú, económica y social, es caldo de cultivo de la insurgencia y de la lucha armada revolucionaria. La Revolución cubana les sirve de estímulo. Es una sociedad semirrural en la que las mayorías, campesinas e indígenas -descendientes de los incas-, analfabetas, están sumidas en la miseria, en el total abandono y son explotadas como bestias por gamonales y terratenientes. Al otro lado de la escala social está la reducida clase aristocratizante y antidemocrática, dueña de extensos latifundios, que tiene control de los principales sectores económicos y de los grandes diarios y cuya enorme influencia juega un papel determinante en los destinos del país.

Con el apoyo de estudiantes y de sectores de clase media y de la pequeña burguesía, los campesinos y los obreros continúan organizándose en sindicatos. La figura principal del movimiento campesino e indígena en la sierra es Hugo Blanco, un «disciplinado trotskista», que se instala allí para impulsarlo. Ayudados por abogados cuzqueños, comienzan a vincularse a la Federación de Trabajadores del Cuzco, dominada por el Partido Comunista.

Blanco quiere que el Movimiento Sindical Campesino se convierta en una fuerza democrática que pueda enfrentarse al poder patronal, manejado por gamonales. No pretende alentar la lucha revolucionaria por el poder (así lo afirma en 1964 desde la cárcel), pues lo considera prematuro. Su objetivo es dar solución al problema de tierras, defender a los campesinos e indígenas en las ocupaciones de tierra e impedir que sean atropellados por el ejército, por gamonales y por terratenientes. Alarmados con los levantamientos campesinos y por la toma de tierras, los terratenientes, los gamonales y la prensa limeña -portavoz de la oligarquía- piden al gobierno reprimirlos e impedir que continúen organizándose. La prensa comienza a alertar sobre la labor de Hugo en la sierra.

En 1963, en una gran ofensiva contra el movimiento campesino –bajo el gobierno de Belaúnde-, Blanco y casi toda la cúpula diri-gente campesina e indígena son detenidos. No obstante, la lucha continúa. -En las ciudades las corrientes populares toman impulso y ganan espacio político. La respuesta a esos conflictos, que más de una vez se originan en empresas transnacionales, es la violenta represión con sal-dos de muertos y de heridos.

A pesar de la represión, las fuerzas populares, estudiantiles, intelectuales -y de Izquierda, cada día más radicalizadas, siguen luchando por la apertura política y democrática. La contienda ideológica chino-sovié-tica del momento produce las consabidas controversias político-ideoló-gicas y el fraccionamiento de los partidos de izquierda. De éstos surgen grupos armados. Del APRA surge el Comité de Defensa de los Prin-cipios Apristas y de la Democracia Interna, el APRA rebelde y más tarde el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Vanguardia Re-volucionaria. Y el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) y el Ejér-cito de Liberación Nacional (ELN), ambos dirigidos por cuadros que salen del Partido Comunista y de la juventud comunista.

Al ELN, procastrista, lo conforman estudiantes, intelectuales, políticos, -obreros comunistas y algunos campesinos. Es de tendencia «foquis-ta» y su proyecto político es el gobierno popular, la expulsión de los monopolios extranjeros, la revolución agraria, la soberanía nacional y la amistad con todos los pueblos. El ELN es «infiltrado» y sufre desercio-nes y delaciones. De sus filas salen los mejores informantes del ejército y los peores enemigos de la guerrilla. En 1965 el ejército provoca un enfrentamiento con el ELN que es un desastre para la guerrilla.

El MIR siempre está en convulsión, en polémicas, en pugnas y en luchas internas y con una estrategia errada según Héctor Béjar, uno de sus militantes. Pretende, sin hombres suficientes, crear tres frentes para obligar al ejército a dispersarse. Pero la superioridad numérica del ejército – tiene cincuenta mil hombres en armas- le permite llevar la guerrilla simultánea en varios frentes y lo golpea duramente. A pesar de las discrepancias conceptuales, políticas y estratégicas entre el ELN Y el FIR, hacen esfuerzos para unirse y coordinar la acción. No lo logran. Sin saberlo dan combates más o menos simultáneos contra el mismo objetivo. El MIR y Blanco tampoco logran superar sus discrepancias, que no eran insuperables, comenta Béjar.

A nivel político la situación de la izquierda no es mejor. En 1961, Juan Pablo Chang y un grupo que no milita en ningún partido crean la Asociación para la Unificación de la Izquierda Revolucionaria (APUIR), cuyo objetivo es crear el Partido Único de la Revolución con las organizaciones y partidos de izquierda y dar un fuerte apoyo a la lucha campesina y a Hugo Blanco, que en 1961 aún está en la sierra sin soporte político. En 1963 el ejército lo captura. Los partidos ignoran ese llamado a la unidad y los pocos que apoyan a Blanco no le dan lo que más necesita en ese momento que es dinero, hombres y armas.

Un factor negativo en la lucha insurreccional peruana es el comportamiento político de la «nueva izquierda». Está desunida, fraccionada, se atacan unos a otros públicamente y no tiene planteamiento ideológicos y políticos coherentes. No estudia a fondo la complejidad de la realidad peruana, escribe Béjar. Esa desunión y discordia política también se da en las organizaciones campesinas. Su lucha se debilita y es más vulnerable frente al ejército.

En siete meses de intensos combates el ejército desarticula los movimientos armados, liquida sus frentes y encarcela a sus máximos dirigentes. Muchos guerrilleros se pasan al bando enemigo y facilitan su tarea.

Los «nasseristas» criollos

El general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) prepara el golpe contra Belaúnde con un grupo de oficiales sin consultar con nadie. Cuando toma el poder negocia con los altos mandos. Anuncia que el «gobierno revolucionario» - así lo denomina - será colectivo de las fuerzas armadas, liderado por una Junta Revolucionaria, integrada por los generales más antiguos y de más alto rango. Conforma el gabinete con la más alta jerarquía castrense.

Los militares del gobierno revolucionario son progresistas, nacionalistas, antiimperialistas y antioligárquicos. Por esa tendencia – ajena a las dictaduras militares del continente - se les llama «nasseristas». El gobeirno no es represivo, pero mantiene el orden con la fuerza, no incluye los sectores populares en el gobierno pero les da participación política a través de cooperativas y de organizaciones comunales y sindicales. Da tierra a los campesinos y a los trabajadores rurales para explotarlas de forma asociativa. Los partidos políticos siguen funcionando pero ya no tienen peso frente al gobierno. No toca a la prensa, bastión de la oligarquía, pero en 1974 la estataliza.

Este gobierno militar pone fin al largo período de la alianza de militares y las oligarquías que por primera vez carecen de fuerza política. Las nuevas fuerzas son las clases media y popular que entran a la escena política. Es un hecho revolucionario -escribe el historiador Pease García-, pues genera el cambio de clases.

Los nasseristas son también una nueva clase militar, distinta a la que rige los destinos del país en los últimos veinte años. Comienzan a modernizarse, a depurarse y a prepararse profesionalmente en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), creado en 1956. Allí los oficiales reciben preparación científica y analizan y estudian los problemas nacioles. El objetivo del centro es la formación de cuadros para la ejecución de planes nacionales de desarrollo y de política exterior, de modernización del país y del fortalecimiento de Perú en la arena internacional.

La mayoría de la oficialidad, de clase media, es conciente de la situación de desigualdad de la sociedad peruana, de la pobreza del pueblo y del abandono de las masas populares y campesinas por parte de los gobiernos. Entiende que tal situación es la causa del malestar general y de la insurgencia. Entiende que la represión, sin tratar de dar solución a los problemas que originaban el malestar social, es errada y un camino peligroso.

Su diagnóstico sobre la situación del país es pesimista: el subdesarrollo peruano es más agudo que el de los países vecinos, el poder real está en manos de latifundistas, agroexportadores, banqueros y empresas extranjeras - la mayoría norteamericanas - cuyos intereses en general no son los del pueblo ni los del país. El desarrollo debe ser planificado.

En 1969 la poderosa prensa tiene el primer choque frontal con el gobierno cuando intenta controlarla. Sus directores acusan a Velasco de comunista, de atentar contra la propiedad privada y hacen fuertes críticas a su reforma agraria. Cinco años después Velasco la estataliza.

El gobierno monopoliza el manejo de la economía, de los latifundios agroindustriales, del comercio exterior y de la banca. En 1969 expide la Ley de Reforma Agraria para dar tierra a campesinos e indígenas y ampliar la producción de alimentos para cortar el drenaje de divisas. Expropia latifundios nacionales y extranjeros y con la Ley de Reforma Industrial «peruaniza» las empresas privadas, las convierte en empresas mixtas y ensaya el sistema de cogestión obrera siguiendo el modelo yugoslavo.

La expropiación a manu militari - a los seis días del golpe - del complejo petrolífero de la IPC, la nacionalización de plantas industriales, de ingenios azucareros, de plantas de productos químicos, de papel - pertenecientes a la W. R. Grace - y de la Corporación Cerro de Pasco – norteamericana -, con sus grandes reservas de cobre, estaño, oro y plata, son aplaudidas por el país. Tal respaldo le da una sustantiva legitimidad al gobierno y le permite avanzar en sus programas de cambio de la estructura económica para centralizar su manejo. La pequeña burguesía intelectual y política apoya al gobierno y algunos colaboran y ocupan cargos de significación.

Tal política le reporta enormes tensiones con Estados Unidos. El gobierno teme que le aplique sanciones como lo hace con Cuba. Washington teme a su vez que un tratamiento semejante pueda llevar a la «cubanización» de Perú y actúa con cautela. Nixon envía un representante para tratar la cuestión de la IPC sin ningún éxito. Pero cuando la armada peruana captura barcos pesqueros norteamericanos en aguas territoriales, le corta la ayuda militar y le suspende la venta de armas. El gobierno peruano, en represalia, expulsa la misión militar de
Estados Unidos y no permite que la Comisión Rockefeller, en gira por el continente por encargo de Nixon, entre en Perú.

La política exterior de Velasco Alvarado es tercermundista, independiente y de apertura. Estrecha relaciones con los países comunistas. En 1971 reestablece relaciones con Cuba y lidera un movimiento regional para que la OEA levante las sanciones que le impuso en 1964. En 1974 Perú ingresa en el Movimiento de Países No Alineados.

En 1975 comienza una grave crisis económica provocada por la recesión mundial, la caída de los precios de sus principales productos de exportación y la reducción de sus exportaciones. La deuda externa, el déficit fiscal y de la balanza de pagos y la inflación van en ascenso. En contra de su retórica tercermundista, Velasco se somete a las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Esta crisis provoca movilizaciones populares, protestas sindicales y huelgas -el gobierno las «ilegaliza»-, una de la policía deja Lima sin control policial. Tal situación es aprovechada por miles de maleantes para saquear el comercio. Esta huelga es sofocada con máximo rigor. La tensión crece con conflictos fronterizos con Bolivia y Chile en julio y agosto de 1975.

Los militares están descontentos con la situación y el 29 de agosto lo obligan a renunciar. Velasco sale solo del palacio presidencial, inadvertido para el pueblo limeño. Se va, pero deja un nuevo Perú, Le ha dado el vuelco. Ha favorecido a las masas y ha reducido el poder de las oligarquías. Pero las graves dificultades económicas, sociales y políticas que afectan a todo el país abren las puertas a la oposición, tanto de izquierda como de derecha. Todos están descontentos. El general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), su sucesor, entierra la Revolución nasserista y el país regresa a lo de antes. Es el final de una experiencia extraordinaria, manejada por militares progresistas, con conciencia social, que ha despertado grandes esperanzas en las masas peruanas y es admirada más allá de sus fronteras.


Tomado de: "Los amos de la guerra. El intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. De Eisenhower a G. W. Bush". Barcelona: Debate, 2005, pág. 194-203.