Recopilado por Jorge Moreno Mattos
17 de febrero de 2010
Fuente El Reportero de la Historia
Extracto del libro "Los amos de la guerra" de Clara Nieto
Preparando los materiales para la monografía del Taller de Investigación, me topé con este libro de una periodista y diplomática colombiana que, como su título indica, repasa la política intervencionista de los Estados Unidos en América Latina. Aunque es un libro bien escrito y se lee con holgura (ya haré la reseña respectiva), no deja de mostrar notorias deficiencias de fondo. Entre ellas, la de carecer de ideas propias. De él entresaco, como ejemplo de lo dicho, el capítulo referente al Perú, el mismo que constituye una muestra palpable de la habilidad para la síntesis de la que hacen gala muchos autores que publican, luego de haber digerido decenas de libros, obras como ésta (Si al menos tuvieran un ápice del enorme talento de Eduardo Galeano, al que parece que todos quisieran imitar, pero que definitivamente no logran igualar). Lo transcribo para poder discutir las ideas que me sugiere y que expondré en el siguiente post.
Perú, ocaso de la oligarquía
Por Clara Nieto
Perú entra en los años sesenta, bajo el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, en medio de una severa crisis económica y de extrema agitación política y social. El general Manuel Odría tuvo que celebrar elecciones y retirarse, debido a la presión popular.
Prado enfrenta un país en ebullición. Han terminado las dictaduras militares de derecha y el país está en proceso de transformación. El pueblo ha luchado veinte años por la apertura política y la democratización del país. Sectores estudiantiles, populares y de la pequeña burguesía empobrecida se han radicalizado y crece un pujante movimiento popular sindical, estudiantil y campesino en demanda de cambios. Las huelgas, por cuestiones salariales, son constantes y los conflictos de tierra en la sierra se dan en dimensiones sin precedentes. Los más graves ocurren en 1959 y 1960 en Casa Grande y Paramonga, dos grandes ingenios azucareros, en propiedades de la compañía norteamericana Copper Corporation, y en la hacienda Torreblanca. Terminan en combates con la fuerza pública y en baños de sangre. Pero el gobierno ha estado del lado de los propietarios nacionales y empresas extranjeras.
Prado llega al poder con una alianza con Haya de la Torre, jefe máximo del APRA, el partido más importante y de mayor arraigo popular. Esa alianza, que ellos llaman la «convivencia», es de mutuo beneficio. Haya de la Torre quiere su legalización y abrir canales para llegar al poder. El APRA ha oscilado entre la legalidad y la ilegalidad decretada por gobiernos militares y oligárquicos que lo persiguen por temor a su fuerza popular. Es una lucha constante, muchas veces sangrienta.
Prado y el importante sector oligárquico que lo apoya creen necesario tener al APRA de su lado. Haya de la Torre se compromete a abandonar sus posiciones radicales a cambio de programas y medidas del gobierno que aseguren una distribución justa del ingreso y amplíen los beneficios sociales a los sectores populares.
Haya de la Torre, nacionalista, no comunista, de extracción oligárquica, igual llega ad portas del poder que a la cárcel o el exilio. Igual obtiene el triunfo electoral –siempre frustrado por las oligarquías y los militares– o a la derrota con frecuencia fraudulenta. Miembros del APRA rechazan la alianza con Prado y con la oligarquía. Sectores estudiantiles y de la clase media se retiran del partido, crean el APRA Rebelde y luego el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), como grupo armado. Otros sectores se unen a Acción Popular –partido de Fernando Belaúnde Terry– a la Democracia Cristiana, al Movimiento Social Progresista y al Partido Comunista que ha resurgido. El APRA pierde fuerza y Haya de la Torre prestigio. No obstante sigue siendo la mayor fuerza política del país.
Por primera vez las masas campesinas, populares y de barrios marginales entran en la arena política con banderas nacionalistas, antioligárquicas y de reivindicación social. Piden reforma agraria, vivienda, empleo, salarios justos, educación y salud. Son demandas justas que den a sus necesidades y son apoyados por sectores militares, estudiantiles y por la Iglesia.
Sectores oligárquicos también están en proceso de cambio. «La presencia de de las barriadas pobres en la capital son motivo de preocupación para las clases pudientes y para las clases medias. Ven que esa miseria, que contrasta con el lujo limeño, es una amenaza latente. Los planes de asistencia social no son suficientes para cerrar esa brecha». Los grandes diarios, cuyos dueños o directores son de la oligarquía, por primera vez se ocupan de temas sociales y recomiendan cambios.
Medidas del gobierno en favor de la transnacional petrolífera, International Petroleum Company (IPC), norteamericana, y el alza del precio de la gasolina provocan un agitado debate político en la Cámara de Representantes contra la IPC, por la nacionalización del petróleo defensa de la soberanía nacional. Manifestaciones populares y estudiantiles, con banderas antiimperialistas, la piden. Lo mismo hacen militares y de la Iglesia. Éste es el tema crucial de esa década.
En las elecciones presidenciales de 1962 triunfa Raúl Haya de la Torre, candidato del APRA, por catorce mil votos. Belaúnde Terry, su contendiente, la oligarquía y los militares alegan fraude. A la semana- antes de que Prado entregue la presidencia- los militares dan el golpe.
Toma el poder una Junta militar (1962-1963). Anuncia que pondrá orden a la agitación política y social que convulsiona al país y dará solución a los problemas derivados de esa sociedad injusta, pues presión no se acallará el malestar del pueblo. En efecto, la Junta importantes medidas de corte social: expide una ley de reforma agraria, legaliza la toma de tierras por los campesinos, les reconoce el «control de facto» de las tierras que han ocupado, pero exige que sean pagadas. Nunca lo hacen. No obstante, reprime a los campesinos en la sierra para mantener el orden público. En corto tiempo-como lo había prometido- celebra elecciones. Se retira con prestigio. Ha realizado reformas importantes y cumple con su palabra de entregar el poder.
Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) es elegido presidente. Derrota a Haya de la Torre. Belaúnde ofrece medidas reformistas, lleva gente nueva al gobierno y promete dar solución al problema con la IPC en noventa días. La nacionalización del petróleo ha sido uno de los temas centrales de su campaña.
El pueblo ve en Belaúnde una promesa de renovación y de cambio. los primeros noventa días presenta una ley ejecutiva sobre reforma agraria pero el Congreso, dominado por una alianza mayoritaria del APRA y UNO (Unión Nacional Odriísta) la modifica para no afectar intereses de poderosos latifundistas nacionales y extranjeros. Sus propieda-des quedan intactas. La reforma sólo se aplica en zonas de conflicto en la sierra. Campesinos e indígenas esperan que Belaúnde cumpla con su pro-mesa de dar solución a los problemas de tierra. El gobierno envía a la sierra -comisiones de expertos en reforma agraria, cooperativas, préstamos estatales e investigadores sociales con el propósito de atender sus demandas.
La cuestión no se arregla. A mediados de 1963 en todos los departamentos de la sierra -con excepción de Puno- ocurre una ola de tomas violentas de tierras con la consigna «Tierra o Muerte». En éstas parte cerca de trescientos mil campesinos, comuneros, colonos y trabajadores. Son reprimidas con violencia y algunas terminan en baños sangre. El movimiento campesino toma fuerza con el apoyo de estudiantes, de militares en retiro y de abogados que les ayudan a crear organizaciones comunitarias y sindicales.
El gobierno de Belaúnde pierde apoyo y prestigio en amplios sectores. -Tiene al Congreso en contra. Sus medidas reformistas son bloqueadas por la la Alianza del APRA y UNO frustrando las esperanzas del pueblo. Reacciona con violencia cuando ocurre una inesperada devaluación de la moneda en un 44 por ciento -Belaúnde había asegurado que no se haría- y no ha resuelto el problema con IPC como prometía. En la el MIR y el ELN, grupos armados surgidos bajo su gobierno, están atizando el fuego. Belaúnde promete liquidados.
La opinión pública se entera de que Belaúnde ha realizado negociaciones secretas con la IPC y que ha llegado a un acuerdo. Lo hace público. Dice que la IPC entregará pozos a cambio de condonarle una deuda de alrededor de doscientos millones de dólares (otros afirman que seiscientos millones) con el compromiso de ampliar y modernizar instalaciones. Continuaría con el monopolio de la gasolina por un periodo de cuarenta años. El gobierno le otorga en concesión un mi-llón de hectáreas para nuevas exploraciones de petróleo.
Líderes políticos comprueban que tales acuerdos son lesivos de los intereses nacionales y que Belaúnde ha ocultado partes importantes. Acción Popular, su partido, le retira su apoyo, el APRA se lava las manos y el influyente diario El Comercio arremete contra el presidente y le pide al ejército hacerse cargo de la situación.
El gobierno naufraga en una profunda crisis de legitimidad, envuelto en ese escándalo y en otro de contrabando, a gran escala, en el que aparecen implicados congresistas, altos funcionarios y miembros de las fuerzas armadas. Es la corrupción a alto nivel. El engaño de Belaúnde al país y el comportamiento de las mayorías del Congreso que por mezquinas razones políticas han bloqueado importantes reformas sociales y han manejado irresponsablemente los fondos públicos son intolerables para muchos y en especial para los militares. Comparten el clima antioligárquico que se afianza en el país y toman el poder para realizar el cambio. El 3 de octubre de 1968 el general Juan Velasco Alvarado derroca a Belaúnde y lo deporta a Buenos Aires.
La insurgencia de los años sesenta
La situación de Perú, económica y social, es caldo de cultivo de la insurgencia y de la lucha armada revolucionaria. La Revolución cubana les sirve de estímulo. Es una sociedad semirrural en la que las mayorías, campesinas e indígenas -descendientes de los incas-, analfabetas, están sumidas en la miseria, en el total abandono y son explotadas como bestias por gamonales y terratenientes. Al otro lado de la escala social está la reducida clase aristocratizante y antidemocrática, dueña de extensos latifundios, que tiene control de los principales sectores económicos y de los grandes diarios y cuya enorme influencia juega un papel determinante en los destinos del país.
Con el apoyo de estudiantes y de sectores de clase media y de la pequeña burguesía, los campesinos y los obreros continúan organizándose en sindicatos. La figura principal del movimiento campesino e indígena en la sierra es Hugo Blanco, un «disciplinado trotskista», que se instala allí para impulsarlo. Ayudados por abogados cuzqueños, comienzan a vincularse a la Federación de Trabajadores del Cuzco, dominada por el Partido Comunista.
Blanco quiere que el Movimiento Sindical Campesino se convierta en una fuerza democrática que pueda enfrentarse al poder patronal, manejado por gamonales. No pretende alentar la lucha revolucionaria por el poder (así lo afirma en 1964 desde la cárcel), pues lo considera prematuro. Su objetivo es dar solución al problema de tierras, defender a los campesinos e indígenas en las ocupaciones de tierra e impedir que sean atropellados por el ejército, por gamonales y por terratenientes. Alarmados con los levantamientos campesinos y por la toma de tierras, los terratenientes, los gamonales y la prensa limeña -portavoz de la oligarquía- piden al gobierno reprimirlos e impedir que continúen organizándose. La prensa comienza a alertar sobre la labor de Hugo en la sierra.
En 1963, en una gran ofensiva contra el movimiento campesino –bajo el gobierno de Belaúnde-, Blanco y casi toda la cúpula diri-gente campesina e indígena son detenidos. No obstante, la lucha continúa. -En las ciudades las corrientes populares toman impulso y ganan espacio político. La respuesta a esos conflictos, que más de una vez se originan en empresas transnacionales, es la violenta represión con sal-dos de muertos y de heridos.
A pesar de la represión, las fuerzas populares, estudiantiles, intelectuales -y de Izquierda, cada día más radicalizadas, siguen luchando por la apertura política y democrática. La contienda ideológica chino-sovié-tica del momento produce las consabidas controversias político-ideoló-gicas y el fraccionamiento de los partidos de izquierda. De éstos surgen grupos armados. Del APRA surge el Comité de Defensa de los Prin-cipios Apristas y de la Democracia Interna, el APRA rebelde y más tarde el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Vanguardia Re-volucionaria. Y el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) y el Ejér-cito de Liberación Nacional (ELN), ambos dirigidos por cuadros que salen del Partido Comunista y de la juventud comunista.
Al ELN, procastrista, lo conforman estudiantes, intelectuales, políticos, -obreros comunistas y algunos campesinos. Es de tendencia «foquis-ta» y su proyecto político es el gobierno popular, la expulsión de los monopolios extranjeros, la revolución agraria, la soberanía nacional y la amistad con todos los pueblos. El ELN es «infiltrado» y sufre desercio-nes y delaciones. De sus filas salen los mejores informantes del ejército y los peores enemigos de la guerrilla. En 1965 el ejército provoca un enfrentamiento con el ELN que es un desastre para la guerrilla.
El MIR siempre está en convulsión, en polémicas, en pugnas y en luchas internas y con una estrategia errada según Héctor Béjar, uno de sus militantes. Pretende, sin hombres suficientes, crear tres frentes para obligar al ejército a dispersarse. Pero la superioridad numérica del ejército – tiene cincuenta mil hombres en armas- le permite llevar la guerrilla simultánea en varios frentes y lo golpea duramente. A pesar de las discrepancias conceptuales, políticas y estratégicas entre el ELN Y el FIR, hacen esfuerzos para unirse y coordinar la acción. No lo logran. Sin saberlo dan combates más o menos simultáneos contra el mismo objetivo. El MIR y Blanco tampoco logran superar sus discrepancias, que no eran insuperables, comenta Béjar.
A nivel político la situación de la izquierda no es mejor. En 1961, Juan Pablo Chang y un grupo que no milita en ningún partido crean la Asociación para la Unificación de la Izquierda Revolucionaria (APUIR), cuyo objetivo es crear el Partido Único de la Revolución con las organizaciones y partidos de izquierda y dar un fuerte apoyo a la lucha campesina y a Hugo Blanco, que en 1961 aún está en la sierra sin soporte político. En 1963 el ejército lo captura. Los partidos ignoran ese llamado a la unidad y los pocos que apoyan a Blanco no le dan lo que más necesita en ese momento que es dinero, hombres y armas.
Un factor negativo en la lucha insurreccional peruana es el comportamiento político de la «nueva izquierda». Está desunida, fraccionada, se atacan unos a otros públicamente y no tiene planteamiento ideológicos y políticos coherentes. No estudia a fondo la complejidad de la realidad peruana, escribe Béjar. Esa desunión y discordia política también se da en las organizaciones campesinas. Su lucha se debilita y es más vulnerable frente al ejército.
En siete meses de intensos combates el ejército desarticula los movimientos armados, liquida sus frentes y encarcela a sus máximos dirigentes. Muchos guerrilleros se pasan al bando enemigo y facilitan su tarea.
Los «nasseristas» criollos
El general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) prepara el golpe contra Belaúnde con un grupo de oficiales sin consultar con nadie. Cuando toma el poder negocia con los altos mandos. Anuncia que el «gobierno revolucionario» - así lo denomina - será colectivo de las fuerzas armadas, liderado por una Junta Revolucionaria, integrada por los generales más antiguos y de más alto rango. Conforma el gabinete con la más alta jerarquía castrense.
Los militares del gobierno revolucionario son progresistas, nacionalistas, antiimperialistas y antioligárquicos. Por esa tendencia – ajena a las dictaduras militares del continente - se les llama «nasseristas». El gobeirno no es represivo, pero mantiene el orden con la fuerza, no incluye los sectores populares en el gobierno pero les da participación política a través de cooperativas y de organizaciones comunales y sindicales. Da tierra a los campesinos y a los trabajadores rurales para explotarlas de forma asociativa. Los partidos políticos siguen funcionando pero ya no tienen peso frente al gobierno. No toca a la prensa, bastión de la oligarquía, pero en 1974 la estataliza.
Este gobierno militar pone fin al largo período de la alianza de militares y las oligarquías que por primera vez carecen de fuerza política. Las nuevas fuerzas son las clases media y popular que entran a la escena política. Es un hecho revolucionario -escribe el historiador Pease García-, pues genera el cambio de clases.
Los nasseristas son también una nueva clase militar, distinta a la que rige los destinos del país en los últimos veinte años. Comienzan a modernizarse, a depurarse y a prepararse profesionalmente en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), creado en 1956. Allí los oficiales reciben preparación científica y analizan y estudian los problemas nacioles. El objetivo del centro es la formación de cuadros para la ejecución de planes nacionales de desarrollo y de política exterior, de modernización del país y del fortalecimiento de Perú en la arena internacional.
La mayoría de la oficialidad, de clase media, es conciente de la situación de desigualdad de la sociedad peruana, de la pobreza del pueblo y del abandono de las masas populares y campesinas por parte de los gobiernos. Entiende que tal situación es la causa del malestar general y de la insurgencia. Entiende que la represión, sin tratar de dar solución a los problemas que originaban el malestar social, es errada y un camino peligroso.
Su diagnóstico sobre la situación del país es pesimista: el subdesarrollo peruano es más agudo que el de los países vecinos, el poder real está en manos de latifundistas, agroexportadores, banqueros y empresas extranjeras - la mayoría norteamericanas - cuyos intereses en general no son los del pueblo ni los del país. El desarrollo debe ser planificado.
En 1969 la poderosa prensa tiene el primer choque frontal con el gobierno cuando intenta controlarla. Sus directores acusan a Velasco de comunista, de atentar contra la propiedad privada y hacen fuertes críticas a su reforma agraria. Cinco años después Velasco la estataliza.
El gobierno monopoliza el manejo de la economía, de los latifundios agroindustriales, del comercio exterior y de la banca. En 1969 expide la Ley de Reforma Agraria para dar tierra a campesinos e indígenas y ampliar la producción de alimentos para cortar el drenaje de divisas. Expropia latifundios nacionales y extranjeros y con la Ley de Reforma Industrial «peruaniza» las empresas privadas, las convierte en empresas mixtas y ensaya el sistema de cogestión obrera siguiendo el modelo yugoslavo.
La expropiación a manu militari - a los seis días del golpe - del complejo petrolífero de la IPC, la nacionalización de plantas industriales, de ingenios azucareros, de plantas de productos químicos, de papel - pertenecientes a la W. R. Grace - y de la Corporación Cerro de Pasco – norteamericana -, con sus grandes reservas de cobre, estaño, oro y plata, son aplaudidas por el país. Tal respaldo le da una sustantiva legitimidad al gobierno y le permite avanzar en sus programas de cambio de la estructura económica para centralizar su manejo. La pequeña burguesía intelectual y política apoya al gobierno y algunos colaboran y ocupan cargos de significación.
Tal política le reporta enormes tensiones con Estados Unidos. El gobierno teme que le aplique sanciones como lo hace con Cuba. Washington teme a su vez que un tratamiento semejante pueda llevar a la «cubanización» de Perú y actúa con cautela. Nixon envía un representante para tratar la cuestión de la IPC sin ningún éxito. Pero cuando la armada peruana captura barcos pesqueros norteamericanos en aguas territoriales, le corta la ayuda militar y le suspende la venta de armas. El gobierno peruano, en represalia, expulsa la misión militar de
Estados Unidos y no permite que la Comisión Rockefeller, en gira por el continente por encargo de Nixon, entre en Perú.
La política exterior de Velasco Alvarado es tercermundista, independiente y de apertura. Estrecha relaciones con los países comunistas. En 1971 reestablece relaciones con Cuba y lidera un movimiento regional para que la OEA levante las sanciones que le impuso en 1964. En 1974 Perú ingresa en el Movimiento de Países No Alineados.
En 1975 comienza una grave crisis económica provocada por la recesión mundial, la caída de los precios de sus principales productos de exportación y la reducción de sus exportaciones. La deuda externa, el déficit fiscal y de la balanza de pagos y la inflación van en ascenso. En contra de su retórica tercermundista, Velasco se somete a las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Esta crisis provoca movilizaciones populares, protestas sindicales y huelgas -el gobierno las «ilegaliza»-, una de la policía deja Lima sin control policial. Tal situación es aprovechada por miles de maleantes para saquear el comercio. Esta huelga es sofocada con máximo rigor. La tensión crece con conflictos fronterizos con Bolivia y Chile en julio y agosto de 1975.
Los militares están descontentos con la situación y el 29 de agosto lo obligan a renunciar. Velasco sale solo del palacio presidencial, inadvertido para el pueblo limeño. Se va, pero deja un nuevo Perú, Le ha dado el vuelco. Ha favorecido a las masas y ha reducido el poder de las oligarquías. Pero las graves dificultades económicas, sociales y políticas que afectan a todo el país abren las puertas a la oposición, tanto de izquierda como de derecha. Todos están descontentos. El general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), su sucesor, entierra la Revolución nasserista y el país regresa a lo de antes. Es el final de una experiencia extraordinaria, manejada por militares progresistas, con conciencia social, que ha despertado grandes esperanzas en las masas peruanas y es admirada más allá de sus fronteras.
Tomado de: "Los amos de la guerra. El intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. De Eisenhower a G. W. Bush". Barcelona: Debate, 2005, pág. 194-203.
Prado enfrenta un país en ebullición. Han terminado las dictaduras militares de derecha y el país está en proceso de transformación. El pueblo ha luchado veinte años por la apertura política y la democratización del país. Sectores estudiantiles, populares y de la pequeña burguesía empobrecida se han radicalizado y crece un pujante movimiento popular sindical, estudiantil y campesino en demanda de cambios. Las huelgas, por cuestiones salariales, son constantes y los conflictos de tierra en la sierra se dan en dimensiones sin precedentes. Los más graves ocurren en 1959 y 1960 en Casa Grande y Paramonga, dos grandes ingenios azucareros, en propiedades de la compañía norteamericana Copper Corporation, y en la hacienda Torreblanca. Terminan en combates con la fuerza pública y en baños de sangre. Pero el gobierno ha estado del lado de los propietarios nacionales y empresas extranjeras.
Prado llega al poder con una alianza con Haya de la Torre, jefe máximo del APRA, el partido más importante y de mayor arraigo popular. Esa alianza, que ellos llaman la «convivencia», es de mutuo beneficio. Haya de la Torre quiere su legalización y abrir canales para llegar al poder. El APRA ha oscilado entre la legalidad y la ilegalidad decretada por gobiernos militares y oligárquicos que lo persiguen por temor a su fuerza popular. Es una lucha constante, muchas veces sangrienta.
Prado y el importante sector oligárquico que lo apoya creen necesario tener al APRA de su lado. Haya de la Torre se compromete a abandonar sus posiciones radicales a cambio de programas y medidas del gobierno que aseguren una distribución justa del ingreso y amplíen los beneficios sociales a los sectores populares.
Haya de la Torre, nacionalista, no comunista, de extracción oligárquica, igual llega ad portas del poder que a la cárcel o el exilio. Igual obtiene el triunfo electoral –siempre frustrado por las oligarquías y los militares– o a la derrota con frecuencia fraudulenta. Miembros del APRA rechazan la alianza con Prado y con la oligarquía. Sectores estudiantiles y de la clase media se retiran del partido, crean el APRA Rebelde y luego el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), como grupo armado. Otros sectores se unen a Acción Popular –partido de Fernando Belaúnde Terry– a la Democracia Cristiana, al Movimiento Social Progresista y al Partido Comunista que ha resurgido. El APRA pierde fuerza y Haya de la Torre prestigio. No obstante sigue siendo la mayor fuerza política del país.
Por primera vez las masas campesinas, populares y de barrios marginales entran en la arena política con banderas nacionalistas, antioligárquicas y de reivindicación social. Piden reforma agraria, vivienda, empleo, salarios justos, educación y salud. Son demandas justas que den a sus necesidades y son apoyados por sectores militares, estudiantiles y por la Iglesia.
Sectores oligárquicos también están en proceso de cambio. «La presencia de de las barriadas pobres en la capital son motivo de preocupación para las clases pudientes y para las clases medias. Ven que esa miseria, que contrasta con el lujo limeño, es una amenaza latente. Los planes de asistencia social no son suficientes para cerrar esa brecha». Los grandes diarios, cuyos dueños o directores son de la oligarquía, por primera vez se ocupan de temas sociales y recomiendan cambios.
Medidas del gobierno en favor de la transnacional petrolífera, International Petroleum Company (IPC), norteamericana, y el alza del precio de la gasolina provocan un agitado debate político en la Cámara de Representantes contra la IPC, por la nacionalización del petróleo defensa de la soberanía nacional. Manifestaciones populares y estudiantiles, con banderas antiimperialistas, la piden. Lo mismo hacen militares y de la Iglesia. Éste es el tema crucial de esa década.
En las elecciones presidenciales de 1962 triunfa Raúl Haya de la Torre, candidato del APRA, por catorce mil votos. Belaúnde Terry, su contendiente, la oligarquía y los militares alegan fraude. A la semana- antes de que Prado entregue la presidencia- los militares dan el golpe.
Toma el poder una Junta militar (1962-1963). Anuncia que pondrá orden a la agitación política y social que convulsiona al país y dará solución a los problemas derivados de esa sociedad injusta, pues presión no se acallará el malestar del pueblo. En efecto, la Junta importantes medidas de corte social: expide una ley de reforma agraria, legaliza la toma de tierras por los campesinos, les reconoce el «control de facto» de las tierras que han ocupado, pero exige que sean pagadas. Nunca lo hacen. No obstante, reprime a los campesinos en la sierra para mantener el orden público. En corto tiempo-como lo había prometido- celebra elecciones. Se retira con prestigio. Ha realizado reformas importantes y cumple con su palabra de entregar el poder.
Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) es elegido presidente. Derrota a Haya de la Torre. Belaúnde ofrece medidas reformistas, lleva gente nueva al gobierno y promete dar solución al problema con la IPC en noventa días. La nacionalización del petróleo ha sido uno de los temas centrales de su campaña.
El pueblo ve en Belaúnde una promesa de renovación y de cambio. los primeros noventa días presenta una ley ejecutiva sobre reforma agraria pero el Congreso, dominado por una alianza mayoritaria del APRA y UNO (Unión Nacional Odriísta) la modifica para no afectar intereses de poderosos latifundistas nacionales y extranjeros. Sus propieda-des quedan intactas. La reforma sólo se aplica en zonas de conflicto en la sierra. Campesinos e indígenas esperan que Belaúnde cumpla con su pro-mesa de dar solución a los problemas de tierra. El gobierno envía a la sierra -comisiones de expertos en reforma agraria, cooperativas, préstamos estatales e investigadores sociales con el propósito de atender sus demandas.
La cuestión no se arregla. A mediados de 1963 en todos los departamentos de la sierra -con excepción de Puno- ocurre una ola de tomas violentas de tierras con la consigna «Tierra o Muerte». En éstas parte cerca de trescientos mil campesinos, comuneros, colonos y trabajadores. Son reprimidas con violencia y algunas terminan en baños sangre. El movimiento campesino toma fuerza con el apoyo de estudiantes, de militares en retiro y de abogados que les ayudan a crear organizaciones comunitarias y sindicales.
El gobierno de Belaúnde pierde apoyo y prestigio en amplios sectores. -Tiene al Congreso en contra. Sus medidas reformistas son bloqueadas por la la Alianza del APRA y UNO frustrando las esperanzas del pueblo. Reacciona con violencia cuando ocurre una inesperada devaluación de la moneda en un 44 por ciento -Belaúnde había asegurado que no se haría- y no ha resuelto el problema con IPC como prometía. En la el MIR y el ELN, grupos armados surgidos bajo su gobierno, están atizando el fuego. Belaúnde promete liquidados.
La opinión pública se entera de que Belaúnde ha realizado negociaciones secretas con la IPC y que ha llegado a un acuerdo. Lo hace público. Dice que la IPC entregará pozos a cambio de condonarle una deuda de alrededor de doscientos millones de dólares (otros afirman que seiscientos millones) con el compromiso de ampliar y modernizar instalaciones. Continuaría con el monopolio de la gasolina por un periodo de cuarenta años. El gobierno le otorga en concesión un mi-llón de hectáreas para nuevas exploraciones de petróleo.
Líderes políticos comprueban que tales acuerdos son lesivos de los intereses nacionales y que Belaúnde ha ocultado partes importantes. Acción Popular, su partido, le retira su apoyo, el APRA se lava las manos y el influyente diario El Comercio arremete contra el presidente y le pide al ejército hacerse cargo de la situación.
El gobierno naufraga en una profunda crisis de legitimidad, envuelto en ese escándalo y en otro de contrabando, a gran escala, en el que aparecen implicados congresistas, altos funcionarios y miembros de las fuerzas armadas. Es la corrupción a alto nivel. El engaño de Belaúnde al país y el comportamiento de las mayorías del Congreso que por mezquinas razones políticas han bloqueado importantes reformas sociales y han manejado irresponsablemente los fondos públicos son intolerables para muchos y en especial para los militares. Comparten el clima antioligárquico que se afianza en el país y toman el poder para realizar el cambio. El 3 de octubre de 1968 el general Juan Velasco Alvarado derroca a Belaúnde y lo deporta a Buenos Aires.
La insurgencia de los años sesenta
La situación de Perú, económica y social, es caldo de cultivo de la insurgencia y de la lucha armada revolucionaria. La Revolución cubana les sirve de estímulo. Es una sociedad semirrural en la que las mayorías, campesinas e indígenas -descendientes de los incas-, analfabetas, están sumidas en la miseria, en el total abandono y son explotadas como bestias por gamonales y terratenientes. Al otro lado de la escala social está la reducida clase aristocratizante y antidemocrática, dueña de extensos latifundios, que tiene control de los principales sectores económicos y de los grandes diarios y cuya enorme influencia juega un papel determinante en los destinos del país.
Con el apoyo de estudiantes y de sectores de clase media y de la pequeña burguesía, los campesinos y los obreros continúan organizándose en sindicatos. La figura principal del movimiento campesino e indígena en la sierra es Hugo Blanco, un «disciplinado trotskista», que se instala allí para impulsarlo. Ayudados por abogados cuzqueños, comienzan a vincularse a la Federación de Trabajadores del Cuzco, dominada por el Partido Comunista.
Blanco quiere que el Movimiento Sindical Campesino se convierta en una fuerza democrática que pueda enfrentarse al poder patronal, manejado por gamonales. No pretende alentar la lucha revolucionaria por el poder (así lo afirma en 1964 desde la cárcel), pues lo considera prematuro. Su objetivo es dar solución al problema de tierras, defender a los campesinos e indígenas en las ocupaciones de tierra e impedir que sean atropellados por el ejército, por gamonales y por terratenientes. Alarmados con los levantamientos campesinos y por la toma de tierras, los terratenientes, los gamonales y la prensa limeña -portavoz de la oligarquía- piden al gobierno reprimirlos e impedir que continúen organizándose. La prensa comienza a alertar sobre la labor de Hugo en la sierra.
En 1963, en una gran ofensiva contra el movimiento campesino –bajo el gobierno de Belaúnde-, Blanco y casi toda la cúpula diri-gente campesina e indígena son detenidos. No obstante, la lucha continúa. -En las ciudades las corrientes populares toman impulso y ganan espacio político. La respuesta a esos conflictos, que más de una vez se originan en empresas transnacionales, es la violenta represión con sal-dos de muertos y de heridos.
A pesar de la represión, las fuerzas populares, estudiantiles, intelectuales -y de Izquierda, cada día más radicalizadas, siguen luchando por la apertura política y democrática. La contienda ideológica chino-sovié-tica del momento produce las consabidas controversias político-ideoló-gicas y el fraccionamiento de los partidos de izquierda. De éstos surgen grupos armados. Del APRA surge el Comité de Defensa de los Prin-cipios Apristas y de la Democracia Interna, el APRA rebelde y más tarde el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Vanguardia Re-volucionaria. Y el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) y el Ejér-cito de Liberación Nacional (ELN), ambos dirigidos por cuadros que salen del Partido Comunista y de la juventud comunista.
Al ELN, procastrista, lo conforman estudiantes, intelectuales, políticos, -obreros comunistas y algunos campesinos. Es de tendencia «foquis-ta» y su proyecto político es el gobierno popular, la expulsión de los monopolios extranjeros, la revolución agraria, la soberanía nacional y la amistad con todos los pueblos. El ELN es «infiltrado» y sufre desercio-nes y delaciones. De sus filas salen los mejores informantes del ejército y los peores enemigos de la guerrilla. En 1965 el ejército provoca un enfrentamiento con el ELN que es un desastre para la guerrilla.
El MIR siempre está en convulsión, en polémicas, en pugnas y en luchas internas y con una estrategia errada según Héctor Béjar, uno de sus militantes. Pretende, sin hombres suficientes, crear tres frentes para obligar al ejército a dispersarse. Pero la superioridad numérica del ejército – tiene cincuenta mil hombres en armas- le permite llevar la guerrilla simultánea en varios frentes y lo golpea duramente. A pesar de las discrepancias conceptuales, políticas y estratégicas entre el ELN Y el FIR, hacen esfuerzos para unirse y coordinar la acción. No lo logran. Sin saberlo dan combates más o menos simultáneos contra el mismo objetivo. El MIR y Blanco tampoco logran superar sus discrepancias, que no eran insuperables, comenta Béjar.
A nivel político la situación de la izquierda no es mejor. En 1961, Juan Pablo Chang y un grupo que no milita en ningún partido crean la Asociación para la Unificación de la Izquierda Revolucionaria (APUIR), cuyo objetivo es crear el Partido Único de la Revolución con las organizaciones y partidos de izquierda y dar un fuerte apoyo a la lucha campesina y a Hugo Blanco, que en 1961 aún está en la sierra sin soporte político. En 1963 el ejército lo captura. Los partidos ignoran ese llamado a la unidad y los pocos que apoyan a Blanco no le dan lo que más necesita en ese momento que es dinero, hombres y armas.
Un factor negativo en la lucha insurreccional peruana es el comportamiento político de la «nueva izquierda». Está desunida, fraccionada, se atacan unos a otros públicamente y no tiene planteamiento ideológicos y políticos coherentes. No estudia a fondo la complejidad de la realidad peruana, escribe Béjar. Esa desunión y discordia política también se da en las organizaciones campesinas. Su lucha se debilita y es más vulnerable frente al ejército.
En siete meses de intensos combates el ejército desarticula los movimientos armados, liquida sus frentes y encarcela a sus máximos dirigentes. Muchos guerrilleros se pasan al bando enemigo y facilitan su tarea.
Los «nasseristas» criollos
El general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) prepara el golpe contra Belaúnde con un grupo de oficiales sin consultar con nadie. Cuando toma el poder negocia con los altos mandos. Anuncia que el «gobierno revolucionario» - así lo denomina - será colectivo de las fuerzas armadas, liderado por una Junta Revolucionaria, integrada por los generales más antiguos y de más alto rango. Conforma el gabinete con la más alta jerarquía castrense.
Los militares del gobierno revolucionario son progresistas, nacionalistas, antiimperialistas y antioligárquicos. Por esa tendencia – ajena a las dictaduras militares del continente - se les llama «nasseristas». El gobeirno no es represivo, pero mantiene el orden con la fuerza, no incluye los sectores populares en el gobierno pero les da participación política a través de cooperativas y de organizaciones comunales y sindicales. Da tierra a los campesinos y a los trabajadores rurales para explotarlas de forma asociativa. Los partidos políticos siguen funcionando pero ya no tienen peso frente al gobierno. No toca a la prensa, bastión de la oligarquía, pero en 1974 la estataliza.
Este gobierno militar pone fin al largo período de la alianza de militares y las oligarquías que por primera vez carecen de fuerza política. Las nuevas fuerzas son las clases media y popular que entran a la escena política. Es un hecho revolucionario -escribe el historiador Pease García-, pues genera el cambio de clases.
Los nasseristas son también una nueva clase militar, distinta a la que rige los destinos del país en los últimos veinte años. Comienzan a modernizarse, a depurarse y a prepararse profesionalmente en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), creado en 1956. Allí los oficiales reciben preparación científica y analizan y estudian los problemas nacioles. El objetivo del centro es la formación de cuadros para la ejecución de planes nacionales de desarrollo y de política exterior, de modernización del país y del fortalecimiento de Perú en la arena internacional.
La mayoría de la oficialidad, de clase media, es conciente de la situación de desigualdad de la sociedad peruana, de la pobreza del pueblo y del abandono de las masas populares y campesinas por parte de los gobiernos. Entiende que tal situación es la causa del malestar general y de la insurgencia. Entiende que la represión, sin tratar de dar solución a los problemas que originaban el malestar social, es errada y un camino peligroso.
Su diagnóstico sobre la situación del país es pesimista: el subdesarrollo peruano es más agudo que el de los países vecinos, el poder real está en manos de latifundistas, agroexportadores, banqueros y empresas extranjeras - la mayoría norteamericanas - cuyos intereses en general no son los del pueblo ni los del país. El desarrollo debe ser planificado.
En 1969 la poderosa prensa tiene el primer choque frontal con el gobierno cuando intenta controlarla. Sus directores acusan a Velasco de comunista, de atentar contra la propiedad privada y hacen fuertes críticas a su reforma agraria. Cinco años después Velasco la estataliza.
El gobierno monopoliza el manejo de la economía, de los latifundios agroindustriales, del comercio exterior y de la banca. En 1969 expide la Ley de Reforma Agraria para dar tierra a campesinos e indígenas y ampliar la producción de alimentos para cortar el drenaje de divisas. Expropia latifundios nacionales y extranjeros y con la Ley de Reforma Industrial «peruaniza» las empresas privadas, las convierte en empresas mixtas y ensaya el sistema de cogestión obrera siguiendo el modelo yugoslavo.
La expropiación a manu militari - a los seis días del golpe - del complejo petrolífero de la IPC, la nacionalización de plantas industriales, de ingenios azucareros, de plantas de productos químicos, de papel - pertenecientes a la W. R. Grace - y de la Corporación Cerro de Pasco – norteamericana -, con sus grandes reservas de cobre, estaño, oro y plata, son aplaudidas por el país. Tal respaldo le da una sustantiva legitimidad al gobierno y le permite avanzar en sus programas de cambio de la estructura económica para centralizar su manejo. La pequeña burguesía intelectual y política apoya al gobierno y algunos colaboran y ocupan cargos de significación.
Tal política le reporta enormes tensiones con Estados Unidos. El gobierno teme que le aplique sanciones como lo hace con Cuba. Washington teme a su vez que un tratamiento semejante pueda llevar a la «cubanización» de Perú y actúa con cautela. Nixon envía un representante para tratar la cuestión de la IPC sin ningún éxito. Pero cuando la armada peruana captura barcos pesqueros norteamericanos en aguas territoriales, le corta la ayuda militar y le suspende la venta de armas. El gobierno peruano, en represalia, expulsa la misión militar de
Estados Unidos y no permite que la Comisión Rockefeller, en gira por el continente por encargo de Nixon, entre en Perú.
La política exterior de Velasco Alvarado es tercermundista, independiente y de apertura. Estrecha relaciones con los países comunistas. En 1971 reestablece relaciones con Cuba y lidera un movimiento regional para que la OEA levante las sanciones que le impuso en 1964. En 1974 Perú ingresa en el Movimiento de Países No Alineados.
En 1975 comienza una grave crisis económica provocada por la recesión mundial, la caída de los precios de sus principales productos de exportación y la reducción de sus exportaciones. La deuda externa, el déficit fiscal y de la balanza de pagos y la inflación van en ascenso. En contra de su retórica tercermundista, Velasco se somete a las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Esta crisis provoca movilizaciones populares, protestas sindicales y huelgas -el gobierno las «ilegaliza»-, una de la policía deja Lima sin control policial. Tal situación es aprovechada por miles de maleantes para saquear el comercio. Esta huelga es sofocada con máximo rigor. La tensión crece con conflictos fronterizos con Bolivia y Chile en julio y agosto de 1975.
Los militares están descontentos con la situación y el 29 de agosto lo obligan a renunciar. Velasco sale solo del palacio presidencial, inadvertido para el pueblo limeño. Se va, pero deja un nuevo Perú, Le ha dado el vuelco. Ha favorecido a las masas y ha reducido el poder de las oligarquías. Pero las graves dificultades económicas, sociales y políticas que afectan a todo el país abren las puertas a la oposición, tanto de izquierda como de derecha. Todos están descontentos. El general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), su sucesor, entierra la Revolución nasserista y el país regresa a lo de antes. Es el final de una experiencia extraordinaria, manejada por militares progresistas, con conciencia social, que ha despertado grandes esperanzas en las masas peruanas y es admirada más allá de sus fronteras.
Tomado de: "Los amos de la guerra. El intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. De Eisenhower a G. W. Bush". Barcelona: Debate, 2005, pág. 194-203.
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